El gobierno del Estado se apodera de la Policía de Mérida por medio de más de 50 elementos del Departamento de Seguridad Pública del Estado. Un decreto del jefe del Ejecutivo afirma que se despoja de la Policía de Mérida al Ayuntamiento local porque la Comuna meridana “se ha convertido en una amenaza para la sociedad”. El alcalde califica de injustificado el despojo y reclama categóricamente los cargos del Ejecutivo.